BUSCAN PRIVATIZAR LAS SEMILLAS

Las bioquímicas del Mundo se sirven de la mesa Argentina: legisladores nacionales buscan privatizar las semillas

Por Leandro Moreno /Directo de Agencia de La Calle

Más allá de la coyuntura inmediata de la Cumbre del G-20 -con el marco propocolar y decoroso de los líderes mundiales embelleciendo y dignificando el espacio de la Capital Federal  y con porteños dentro o  fuera- El Mundo ya “viene viniendo” a servirse en de la mesa argentina con apetito del orden canival-extractivista.

Los líderes, representante del soberano argentino, saben recibir a tales comensales con los brazos abiertos y la certeza de que el banquete estará garantizado. La metáfora culinaria es porque, en este caso,  los invitados serán beneficiados con la Soberanía Alimentaria de los ciudadanos.

En los últimos días, como al pasar, en los medios de comunicación se escuchó que, dentro de la Cámara de Diputados de la Nación obtenía dictamen favorable el proyecto que modificará la Ley de Semillas vigente. En la tira de los diarios, en las radios o en los prime times televisivos, el hecho fluyó (en el mejor de los casos) con la tonalidad de aquellas noticias que no representan un mayor interés para la mayoría, sino para un sector minoritario vinculado con la actividad agropecuaria, al cual debería informarse sobre tecnicismos y formalidades de la nueva norma, tal vez.

Y así se pavoneó, entre otros, el diputado nacional de Cambiemos, Atilio Benedetti, declarando con orgullo estudiado que “los pequeños productores quedarán exceptuados (de cobros de canones) por el uso propio de la tecnología”. Así, tiró la frase como quien deja una bola en el árbol de navidad sin mayores exigencias que la de la mera función ornamental del objeto. Que “qué bien”, que “dichosos los pequeños productores que podrán quedar exceptuados del pago por el uso propio de tecnología”, esperará que se diga o se piense el diputado, como si la tecnología gratuita en referencia se tratase de celulares o balanzas electrónicas.

Se aclara, cuando se habla “tecnología”, los lobbistas de las bioquímicas multinacionales enfundados en disfraces de representantes del pueblo se están encargando de no aclarar que se está haciendo alusión a los paquetes biotecnológicos compuestos por semillas genéticamente modificadas y venenos (o agroquímicos, o agrotóxicos, o “productos fitosanitarios” como es la preferencia del INTA) diseñados para exterminar todo menos la semilla genéticamente modificada en cuestión.

En tanto la nueva Ley de Semillas es anunciada como una norma de una difusa benevolencia, no se especifica que su eje central está orientado a darle la potestad de las semillas a las empresas que se atribuyen la incorporación de la tecnología genética, prohibiendo la reproducción y el acopio de las mismas, empujando a los productores a comprarlas en comodato, firma mediante bajo conformidad, del reconocimiento de la propiedad de sociedades anónimas como Monsanto, Bayer, Syngenta, entre otros. Y por supuesto, sus voceros tampoco mencionan que la norma parece estar compuesta por el puño y letra de los CEO´s de las bioquímicas en cuestión.

Por caso, Monsanto -ícono de este paradigma de producción agropecuaria- está lejos de ser una empresa que se inserta por las buenas en las leyes del mercado, y  ha tenido y tiene estrechos vínculos con las esferas de poder más concentrado de los Estados Unidos. De hecho, ha jugado rol determinante en cuestiones de estado como lo fue la guerra de Vietnam , al desarrollar e incentivar el uso de la dioxina, principal compuesto del Agente Naranja, arma química para exfoliar vegetación y diezmar poblaciones. La dioxina es “la mamá” del glisfosato, el “producto fitosanitario” N° 1 que completa el combo biotecnológico que se usa en Argentina como “agua bendita”, para matar todo menos la semilla con genética. La “tecnología” de la que habla Atilio Benedetti.

La experiencia primera de pantentamiento de alimentos también tuvo a Monsanto como pionero, digitando a través de la Food and Drug Administration legislaciones de propiedad intelectual que desataron una verdadera caza de brujas entre los productores rurales norteamericanos. La premisa, la misma que se intenta reproducir en la norma de la República Argentina: la imposibilidad de quedarse con las semillas de las plantas por uno cosechadas.

El agronegocio, sin grietas. Mentira que el impulso al patentamiento de semillas sea  exclusivo del frente Cambiemos. Una vez más un caso que demuestra que, en materia de extractivismo, la consabida “grieta” se diluye bajo los preceptos de la continuidad y la profundización. En el año 2012 Cristina Fernández anunciaba desde Nueva York en el marco de una de sus tantas visitas al Consejo de las Américas su “orgullo” por el desembarco de Monsanto en Malvinas Argentinas, Córdoba, y se pronunció a favor de las patentes, antes de que se le avise por lo bajo que “estamos en vivo para Argentina”.

A partir de ese entonces comenzó una “cadena de lobby”  que tuvo entre sus eslabones a referentes del kirchnerismo como Anibal Fernández, Luis Basterra a Roberto  Salvarezza, entremezclados a personajes como Alfredo De Angeli, Sergio Bergmang y tantos otros que, hasta la actualidad, se configuran hasta llegar al nombrado Atilio Benedetti, en una gestión mancomunada en nombre de las multinacionales.

Sin embargo, si bien los intentos por volver ley el patentamiento de alimentos en el país ha tenido dificultades para tomar curso en el Congreso de la Nación, en la actualidad funciona de hecho un sistema de fiscalización a través del cual se le permite a inspectores de empresas como Monsanto fiscalizar partidas de semillas para cobrar canon sobre la producción y constatar el no acopio de las mismas. A través de este sistema para-legal, al productor que se lo encuentre en “infracción” le correrán sanciones de distintos tipos, dependiendo el caso.

Dentro del Congreso de la Nación no hay oposición consolidada que plantee de manera franca su rechazo al patentamiento de alimentos en Argentina. Quienes presentan algún reparo lo hacen con fines meramente decorativos o de interés económico sectorizado. En tanto, el verdadero riesgo de convertir en Ley lo que ya funciona de hecho, está dado por lo que evidenciaron ciertas investigaciones y experiencias de productores de otras partes del mundo: el gen de las empresas “infecta” a las especies naturales. Un dato que pasa desapercibido, y a la vez una puerta de entrada a la privatización el alimento del país y del mundo

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