Reclamo por los presos políticos

Fue realizado ante el relator especial de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, por una delegación integrada –entre otros- por José Schulman.

Representando a la Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh), su secretario nacional, José Schulman, integró la delegación que viajó a Lima, para exponer ante el relator especial de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para la independencia de los magistrados y abogados, Diego García Sayán Larrabure, “la profunda preocupación por la existencia de presos y presas políticas” en Argentina desde que Mauricio Macri es presidente.

Por eso, se solicitó al relator la adopción de medidas tendientes a “garantizar la independencia de los magistrados de nuestro país y, en consecuencia, las garantías constitucionales del debido proceso y el ejercicio efectivo de defensa en juicio”.

Además de Schulman, participaron del encuentro el presidente de Abogados por la Justicia Social de La Plata, Emanuel Desojo, y Maximiliano Rusconi, quien integra la organización Iniciativa Justicia.

Ahí, se plantearon diversas denuncias sobre presiones indebidas al Poder Judicial, armado de causas fraudulentas, violaciones al debido proceso y al efectivo ejercicio del derecho de defensa en juicio, así como acerca de persecución a jueces que llevan adelante investigaciones en las que podrían verse involucrados funcionarios del gobierno y sus aliados.

En la oportunidad, con el patrocinio letrado de la abogada del Equipo Jurídico de la Ladh, Luz Palmás Zaldua, Schulman hizo una presentación formal, en la que la Liga renueva su “compromiso indeclinable de reclamo de libertad de presas y presos políticos y denunciando la persecución que Macri implementó contra sus opositores en la disputa política a través del mecanismo conocido como Lawfare”.

Al respecto, recalca que “esta nueva táctica de guerra no convencional viene siendo aplicada por distintos gobiernos de la región” t aclara que se trata de “gobiernos de derecha, con proyectos antagónicos a gobiernos de corte nacional y popular que desarrollaron en la década pasada una multiplicidad de políticas ampliatorias de derechos, beneficiosas de las mayorías populares, de redistribución de la riqueza en forma más equitativa y, coordinadas en una integración regional que fortaleció la defensa de la soberanía de cada país frente a los intereses extranjeros que históricamente pretendieron ejercer su poder imperialista para someter a nuestros pueblos latinoamericanos”.

Y cita “el emblemático ejemplo de Brasil cuya etapa luctuosa en el sentido mencionado se puede remontar a la ilegal e ilegítima destitución de la presidenta constitucional Dilma Rousseff y la persecución, proscripción y encarcelamiento ilegal del ex presidente Lula Da Silva”.

Lawfare

La presentación recuerda que el Lawfare utiliza indebidamente instrumentos jurídicos para la persecución políticaque, para ello, “requiere de un Poder Judicial cómplice que disponga de jueces que incumplan con su obligación de imparcialidad y fiscales que lejos están de presentar acusaciones fundadas en elementos de prueba”.

Asimismo, indica que este mecanismo suma a la massmedia “que impone su hegemonía informativa y creadora de opinión pública al compartir el interés común de desprestigiar a gobiernos y/o dirigentes políticos populares”.

Y que la maniobra se completa “con la participación del poder político que promueve, con funcionarios y operadores de diverso rango y nivel, el ataque a las y los opositores”.

Tras lo que añade que “son los grandes grupos económicos (alineados al capital financiero) y sus aliados políticos quienes encuentran enormes beneficios con este despreciable método”.

Además asevera que en Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, Amado Boudou y Julio de Vido“son algunos de los funcionarios que se encuentran padeciendo esta persecución”, y aclara que “no solo ex funcionarios de gobiernos populares han sido objeto de persecución y prisión”.

En este sentido destaca que “dirigentes que han acompañado esos gobiernos, simpatizado o incluso no lo han hecho pero tienen una frondosa trayectoria de militancia, sobre todo en la década de los 90 enfrentando al neoliberalismo que empobreció a la mayoría del pueblo argentino, se encuentran cumpliendo hace largo tiempo condenas anticipadas, prisiones preventivas infundadas y por lo tanto arbitrarias o bien condenas no firmes y sustentadas en una pasmosa orfandad probatoria”

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